En el año 2021, España dio un paso importante hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad, con la aprobación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Esta ley supone un cambio de paradigma en la atención a las personas con discapacidad, sustituyendo el concepto de «incapacidad» por el de «capacidad jurídica» y apostando por un modelo de apoyos personalizados que fomenten su autonomía y toma de decisiones.
Recuerda que nadie mejor que un abogado familiar para guiarte a través de estos términos.
¿Cuáles son los beneficios de la nueva ley?
La nueva ley tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, fomentando su autonomía, participación social y toma de decisiones. Entre los beneficios que aporta se encuentran:
- Mayor autonomía: Las personas con discapacidad tienen más capacidad para tomar decisiones sobre su vida, lo que les permite ser más protagonistas de su propio futuro.
- Más apoyo y menos sustitución: La ley apuesta por un modelo de apoyos personalizados que se ajusten a las necesidades de cada persona, en lugar de un modelo de sustitución en la toma de decisiones.
- Más respeto a la voluntad y preferencias de la persona: La ley reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, lo que significa que sus decisiones deben ser respetadas, incluso si tienen alguna discapacidad.
Más protección frente a abusos: La nueva ley establece mecanismos para proteger a las personas con discapacidad de posibles abusos o manipulaciones.
¿Cómo se aplica la nueva ley?
La aplicación de la nueva ley está siendo un proceso gradual, ya que requiere un cambio de mentalidad tanto en los profesionales como en la sociedad en general.
Sin embargo, ya se están dando pasos importantes, como la creación de servicios de apoyo especializados y la formación de profesionales en el nuevo modelo de atención a la discapacidad.
¿Qué retos plantea la nueva ley?
Uno de los principales retos de la nueva ley es garantizar que todas las personas con discapacidad tengan acceso a los apoyos que necesitan para ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones.
También es importante seguir trabajando en la sensibilización y concienciación social sobre la discapacidad, para fomentar una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad.
Desaparece la tutela y se apuesta por la curatela
Uno de los cambios más significativos introducidos por la Ley 8/2021 es la desaparición de la figura de la tutela, que era el régimen jurídico tradicional para las personas con mayores discapacidades. Este sistema, basado en la sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad por la de un tutor, era considerado por muchos como paternalista y limitador de la autonomía personal.
En su lugar, la nueva ley establece un sistema de apoyos graduales y proporcionales a las necesidades de cada persona, conocido como curatela. La curatela puede ser de dos tipos:
- Curatela representativa: En este tipo de curatela, el curador toma decisiones en nombre de la persona con discapacidad, siempre en su mejor interés y respetando su voluntad en la medida de lo posible. Esta figura se aplicará en aquellos casos en los que la persona con discapacidad tenga una gran dificultad para tomar decisiones por sí misma.
- Curatela asistencial: En este tipo de curatela, el curador apoya a la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, pero no toma decisiones en su lugar. Esta figura se aplicará en aquellos casos en los que la persona con discapacidad tenga una menor dificultad para tomar decisiones por sí misma.
¿Cuáles son los beneficios de la sustitución de la tutela por la curatela?
La sustitución de la tutela por la curatela tiene como objetivo principal fomentar la autonomía de las personas con discapacidad y respetar al máximo su voluntad y preferencias. Entre los beneficios que aporta este cambio se encuentran:
- Mayor participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones: Las personas con discapacidad tienen más capacidad para tomar decisiones sobre su vida, lo que les permite ser más protagonistas de su propio futuro.
- Menos sustitución y más apoyo: La curatela se centra en apoyar a la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, en lugar de sustituirla en la toma de decisiones.
- Mayor respeto a la voluntad de la persona: La curatela debe respetar al máximo la voluntad de la persona con discapacidad, incluso si tiene alguna dificultad para expresarla.
- Menos riesgo de abusos: La curatela establece mecanismos para proteger a las personas con discapacidad de posibles abusos o manipulaciones.
¿Cómo se aplica la curatela?
La curatela es establecida por un juez, quien determinará el tipo de curatela que necesita la persona con discapacidad en función de sus capacidades y necesidades. La persona con discapacidad puede proponer un curador o solicitar al juez que lo nombre de oficio.
El curador debe ser una persona de confianza de la persona con discapacidad y debe tener la capacidad y experiencia necesarias para desempeñar su función. El curador debe rendir cuentas periódicamente al juez sobre su gestión y debe actuar siempre en el mejor interés de la persona con discapacidad.
¿Qué retos plantea la curatela?
Uno de los principales retos de la curatela es garantizar que todas las personas con discapacidad tengan acceso a un curador adecuado que pueda prestarles el apoyo que necesitan. También es importante formar a los profesionales en el nuevo modelo de atención a la discapacidad y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de respetar la autonomía de las personas con discapacidad.
Para ello, es fundamental contar con la asesoría de un abogado experto en derecho de familia, quien podrá guiarte y acompañarte en la defensa de tus derechos y los de tus seres queridos.
